Telefónica ya ha cobrado la venta de su filial argentina sin riesgo a que Milei pueda vetarlo

• Los problemas regulatorios afectarán sólo a Telecom, quien deberá pleitear o desinvertir
• La Casa Rosada teme que la operación pueda frenar el proceso desinflacionario
• El presidente argentino presiona a los reguladores que tienen que analizar la compraventa

Javier Milei, presidente de Argentina, no podrá tumbar la venta de la filial de Telefónica en aquel país al operador Telecom, controlado por Cablevisión Holding y el Grupo Clarín. Según explican los juristas consultados por el  el grupo español puede tener la certeza de que ha realizado un buen negocio. De hecho, la valoración de la filial se ha cifrado en 1.190 millones de euros, por encima de los 800 millones estimados por los analistas, con un ratio de cuatro veces el ebitda excluyendo la deuda, medio punto más de lo previsto por el mercado.

Pese a la inquietud que ha provocado el rechazo frontal de Milei a la operación, los riesgos regulatorios afectarán únicamente al comprador, quien deberá dirimir el asunto en los tribunales o por medio de desinversiones. De esa forma, Telecom podría encontrarse con unos activos envenenados ante la determinación personal de Milei. El presidente argentino ha dejado claro que hará todo lo que esté a su alcance para impedir la consolidación en el sector en su país. El poder superlativo del ejecutivo argentino pone en evidencia la inseguridad jurídica del país latinoamericano, añaden los mismos expertos, para cuestionar cualquier acuerdo que afecte a los intereses del país, por mucho que esté firmado y cobrado.

Al contrario de lo que sucede con los grandes contratos de compraventa de empresas, en este caso no se incluye una cláusula que condicione el cierre de la transacción a la obtención de los permisos regulatorios. Sin embargo, el hecho relevante de Telefónica compartido ayer a través de la CNMV no sólo obvia esa cautela sino que recalca que la firma y cierre de la transacción se había realizado de forma simultánea durante el día de hoy (por el pasado lunes)».

Según el comunicado remitido por Telefónica a la CNMV, la sociedad TLH Holdco, S.L.U., filial 100% propiedad de Telefónica, ha vendido la totalidad de las acciones que ostenta en Telefónica Móviles Argentina, representativas del 99.999625% de su capital social y de la totalidad del capital social de su operación en Argentina a Telecom Argentina.

Milei alzó la voz en cuanto tuvo noticia formal de la adquisición de Telefónica Argentina por parte del Grupo Clarín y Cablevisión. A través de un comunicado oficial, el mandatario anunció que la transacción pasará por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNCD) «para evaluar si esta operación no constituye la formación de un monopolio». En el mismo comunicado, el Gobierno argentino apunta que la transacción dejar aproximadamente el 70% de los servicios de las telecomunicaciones en manos de un solo grupo económico.

En el supuesto de que los árbitros coincidan con la percepción de Milei, «el Estado Nacional tomará todas las medidas pertinentes para evitarlo». En ese sentido, «el marco regulatorio vigente establece un sistema de control sobre las transferencias, cesiones y adquisiciones de las licenciatarias de los servicios de la información y las comunicaciones, y así como ocurre en otros países de Occidente, el Gobierno Nacional está comprometido con evitar la formación de un nuevo monopolio, que con estas características, creado a la luz de décadas de beneficios estatales, iría en contra de la libre competencia y atentaría contra el proceso desinflacionario que está atravesando la Argentina.

En el mismo comunicado, la Casa Rosada recuerda que el Gobierno de Milei ya ha reducido la inflación para el segmento de las comunicaciones de 15,6% en diciembre del 2023 al 2,3% en el mes de enero de este año, y está determinado en continuar ese proceso. Al mismo tiempo, el Milei anticipa que «tomará todas las medidas para garantizar el derecho de elección de los usuarios, la libre competencia, y la accesibilidad a los servicios de la telecomunicación.